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Editorial: Los PPP no son peligros, ¿cambiamos la ley?

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La ley de hace ya casi 20 años que cataloga a algunas razas como PPP, “perro potencialmente peligroso” es una ley de las más obsoletas que hay en nuestro país. Necesita de una profunda modificación, sino de una derogación. Hace veinte años tras una gran repercusión mediática por unos trágicos sucesos protagonizados por perros, se legisló “en caliente”, lejos de los criterios de expertos etólogos, los educadores caninos o de la realidad estadística que nadie quiso oír. Con la ley de 1999, que para más inri fue ampliada por diferentes Comunidades Autónomas, se condenó a los animales de ocho razas caninas diferentes, y a sus cruces, a vivir lejos de unas mínimas condiciones de bienestar animal.
En aquel entonces el legislador, según señala la abogada Helena Cabañero, especialista en Derechos de los Animales, se sumó a la tendencia de los países de nuestro entorno como Reino Unido, Holanda, Alemania o Italia que habían creado leyes similares y que hoy en día están derogadas o han sufrido modificaciones sustanciales para incidir en la tenencia responsable.
Una ley, la española, que a un perro por el mero hecho de nacer de una determinada raza, sin tener en cuenta nada más, lo cataloga de peligroso, es a todas luces una ley racista. Obliga a su propietario, o a la persona que lo saque a pasear, a obtener una licencia especial que debe renovar cada cinco años o a hacerse un seguro de responsabilidad civil por daños como mínimo de 120.000 euros. Y a los perros de las ocho razas a ir siempre con bozal y con correa corta, nunca sueltos.
Por si fuera poco, la Ley incluye a los cruces de estos perros también como PPP e incluso añade que los que tengan ciertas características como pesar más de 25 kilos, podrían catalogarse de PPP.
Las Comunidades autónomas no se quedaron atrás. Lejos de cuestionar esta legislación, cinco de ellas: Galicia, Baleares, Cataluña, Valencia y Madrid, han aumentado la lista de razas, alguna hasta las 15.
La suma de estos despropósitos, junto a la irresponsabilidad de muchos dueños y la ley de sacrifico cero, está llenando perreras y albergues de PPP condenados a vivir confinados de 10 a 15 años y a protectoras al borde del colapso.
La solución: cambiar la Ley. Para ello proponemos desde LADRIDOS crear un grupo de presión con el objetivo de auspiciar un encuentro con el Ministerio de Agricultura para solicitar la modificación de la Ley de 1999 o, directamente, su derogación

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