Los perros no son de nadie
Desde hace muchos años, demasiados, los certificados de pura raza están prácticamente monopolizados en España por la Real Sociedad Canina. Esta entidad, aunque es una asociación privada, ejerce casi de “servicio público” y es difícil, bastante difícil, que los criadores que no gestionan con ella sus camadas puedan comercializar los perros en igualdad de condiciones en un mercado que mueve millones de euros al año.
Ante la denuncia presentada por otras entidades, bastante más pequeñas, que quieren gestionar bajo sus decisiones su trozo de pastel sin pasar por la ventanilla única que la RSCE se arroga, la Comisión Nacional de la Competencia ha hecho lo que tenía que hacer: iniciar un expediente de sanción por presuntas prácticas anticompetitivas.
Este expediente, acabe en lo que acabe, no es moco de pavo, porque el organismo público dependiente del Estado lo ha abierto después de escuchar a las partes, recabar información, estudiar las evidencias o contrastar datos.
¿Qué significa esto? Que no es algo que se hace porque hubo una denuncia hace 14 meses, sino porque se constata que hay indicios suficientes de una práctica abusiva que busca “dificultar y evitar la competencia con otras asociaciones oficiales”, remarca la CNMC. Una simple frase muy grave en un estado de derecho, donde los perros, aparte de su propietario, no son de nadie, y registrar su descendencia y ascendencia, o su ADN, o su pedigrí (pasando por caja y abonando sus suculentas tarifas) no se lo puede arrogar ninguna asociación privada sobre otra, por mucha tradición que tenga. Antes de 18 meses conoceremos el desenlace, pero ya más de uno, tiembla.
La RSCE puede ser multada hasta con el 10% de su facturación
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